Si esta demanda prospera, los usuarios tendrán que llevar consigo documentación que demuestre que la música cargada en sus reproductores ha sido legalmente obtenida. Dicha documentación podrían ser las facturas de compra (en el caso de descargas de Internet) o las carátulas originales, para el caso de música convertida.
La propuesta ha desatado las iras de muchos grupos contrarios a la SGAE, quienes la comparan con una especie de Ley Corcuera del mp3. En respuesta, el portavoz de la SGAE ha comparado la medida con los controles rutinarios que realizan los agentes de tráfico. La diferencia, exponen los opositores, es que el importe de la multa, en este caso, iría a las arcas de la propia SGAE, y no de una institución estatal.
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