La decisión del Gobierno de imponer duras sanciones a la secretaria judicial Juana Gálvez, no ha sentado nada bien en la carrera judicial. La Justicia pide justicia, pero al ser ellos mismos quienes la imparten, se genera un conflicto de intereses: no se puede ser juez y parte al tiempo.
Por eso, representantes del Gobierno y del poder judicial han llegado a un acuerdo para que sea un jurado popular, compuesto por ciudadanos imparciales, quien juzgue y de la razón a unos u a otros.
La mayor complejidad estriba en asegurarse de que los miembros de dicho jurado sean absolutamente imparciales, para lo cual no deben presentar ningún tipo de inquietud política, ni mucho menos inclinaciones ideológicas de uno u otro sentido. Tampoco pueden haber tenido nunca encuentro de ningún tipo con la Justicia, bien sea pequeñas sanciones, recursos de multas, o procesos judiciales de mayor entidad.
Partiendo de estos parámetros se ha hecho una preselección con 73 candidatos, 15 de los cuales son inmigrantes sin papeles, 42 son amas de casa analfabetas, y el resto han fallecido o se encuentran en paradero desconocido.
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